Acabamos de conocer el acuerdo político que dará lugar a la investidura del presidente del Gobierno (PSOE) y lo poco que se ha adelantado del texto de la Ley de Amnistía ya ha causado un revuelo nacional. Y es que Puigdemont ha apretado hasta obligar a incluir cuestiones en la Amnistía que nadie acepta, como el denominado "lawfare", un término trumpista que ha sido eliminado del texto de la Ley; pero que se mantiene en su significado, esencialmente, acoso de los juzgados como consecuencia de directrices políticas, no jurídicas.
Las declaraciones del Fiscal General del Estado de que, como no conocemos el texto definitivo de la Ley de Amnistía, le impide posicionarse; son excusas de mal fiscal, porque está reconociendo que se ha acordado una Ley a espaldas de los poderes públicos a los que deberá someterse y su explicación no dice mucho en este caso del PSOE, por ser el partido que ha actuado de esta manera, en connivencia con el secreto de las negociaciones, que solicitó Junts. Las negociaciones secretas en democracia para impedir la crítica es lo mismo que privar de un elemento fiscalizador importantísimo en nuestras sociedades libres, precisamente, la crítica sana nos protege de la demagogia.
Al final, se cede a la inclusión del "lawfare" sin mencionarlo, a las alturas en que estaba la negociación, si el PSOE hace para atrás, el descalabro electoral estaba asegurado, es decir; se cede a la venganza de Puigdemont por considerarse un "president de Catalunya" que ha sido perseguido políticamente por el Estado español porque, como Junqueras –en eso es en lo único que están de acuerdo Junts y ERC– opina que votar no es delito. No nos extraña que los nacionalistas sean expertos en reducir sus responsabilidades, porque al fin y al cabo eso es lo que es el nacionalismo excluyente, reduccionismo.
Es más, el jefe de Oficina de Puigdemont ha publicado abiertamente que la Ley de Amnistía es una humillación del Congreso a los jueces. Alguien debería recordarles que son humanos.
Publicamos este artículo de opinión justo en el momento en el que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, señala día y y hora para que se celebre la investidura del Presidente, que comenzará mañana miércoles, 15 de noviembre de 2023 a las 12hs., ya veremos cómo acaba con estos mimbres de desconfianza, de todos contra todos, que genera la Amnistía.
Este enfrentamiento entre poderes del Estado provoca que nuestro joven constitucionalismo, de solo 45 años, ya no facilite la estabilidad del sistema y que, en consecuencia, se pongan en cuestión los efectos secundarios derivados y que afectan al progreso económico y social. Y todo ello en lugar de haberse puesto de acuerdo PP y PSOE, cumpliendo el mandato constitucionalista del 80% de los electores del 23J, en un sentido de la reforma Constitucional más firme y que impida el "ho tornarem a fer".
En momentos en los que se pone en duda el valor de los Tribunales, ya no se les escucha como si no tuvieran algo que decir porque no todos los españoles con DNI español son iguales ante la Ley, sino que la política es la que protege al diferente y no la democracia. Ya no estamos ante la necesidad de desjudicializar la política, como ha asumido el PSOE, contagiado del nacionalismo que no quiere pisar la prisión, sino de despolitizar la Justicia.
A partir de ahora podremos decir que el término democracia ya no es el mismo que nos habíamos dado todos, sino que una democracia sesgada es posible cuando así lo pactan partidos políticos por intereses puestos en común, que nada tienen que ver con la convivencia empleada como blanqueamiento, sino con la imposición de las tesis de los distintos que provocan que un español no tenga los mismos derechos en cualquier parte de España o que los Jueces puedan ser perseguidos por las Comisiones parlamentarias que, curiosamente, en España han sido siempre disfuncionales para aclarar de raíz las responsabilidades de los políticos.
.png)
La democracia implica tanto la decisión de la mayoría como el respeto de las minorías, lo que pasa necesariamente por el respeto del ordenamiento jurídico, sin el cual no hay Estado constitucional. Si no cumplimos con estas premisas lo que nos queda es ideología socialcomunista, pedir ahora respeto para las Instituciones para que se consienta lo que se ha pactado sin rechistar no pasa de una burda manipulación ideológica, cuando son precisamente los que piden respeto los que han vaciado el significado verdadero de la democracia y de contenido la Constitución española. Piden respeto para las Instituciones, o sea, para ellos mismos como clase política superior, no para el Ordenamiento Jurídico. Vivir para ver.
Será mejor a partir de ahora obedecer y no decir nada, y hacer Justicia allí donde proceda y cuando aflore la verdad. Es un error el enfrentamiento violento, que se viva de las calles revueltas porque si no lo haces en las próximas elecciones desapareces. Los españoles de la manifestación pacífica necesitamos recuperar la dignidad, la centralidad que hemos perdido por ceder a los extremos, sean de derechas o de izquierdas, y al nacionalismo excluyente, que no es el nacionalismo de los diferentes.
.png)
.png)
