Maniobras en Justicia.

El Ministro en funciones Sr. Bermejo no ha querido legar irresuelto a su sucesor en el cargo el problema suscitado por el funcionariado de Justicia, obviamente porque tampoco es grato pasar al recuerdo como el Ministro de la Huelga. La maniobra gubernamental tiene que ver con la negociación a alto nivel, allí donde la influencia de las bases sindicales se diluye y aparece la politización sindical, no en vano una de las exigencias del Ministro para llevar adelante él mismo, personalmente, las negociaciones ha sido la de negociar con sindicalistas que ostenten la responsabilidad de que lo que se acuerde no sea luego invalidado. Ni que decir tiene que esta maniobra está ahora pendiente de lo que digan las bases, y a la vista de los ánimos del funcionariado, no parecen estar de acuerdo con la misma porque dicen que no se les ha preguntado en ningún momento su opinión. Este escenario está acompañado de otros más perversos todavía, sí, hay más: los partidos regionalistas y localistas, normalmente de índole nacionalista, como es el caso de Baleares, se frotan las manos, porque aseguran que todos los problemas económicos del funcionariado y la Justicia se solventarán cuando se asuman las competencias dentro de un año. ¿Y qué pasará durante ese año de transición? si hablamos de que en tres meses se supone que todo volverá a la normalidad gracias a los planes ministeriales de puesta al día de los expedientes, pero sin hacer horas extras huelga hacer más comentarios. En fin, no pinta nada bien, demasiados cabos sueltos.

El problema de la Justicia no es ni mucho menos sólo económico, tiene que ver con la impartición de la Justicia misma, algo que los propios funcionarios han proclamado estos días porque son los primeros que saben que faltan medios y recursos para ello, que la reforma de la Justicia debe ser mucho más profunda y seria que esperar partidas presupuestarias para que se delegue a las Comunidades Autónomas la capacidad de hacer en cada una de ellas lo que se quiera, o lo que se deje por los poderes locales, en este ámbito tan vital. La creciente politización de la Justicia en la última década ya es un hecho consumado.

La Fiscalía debe ser uno de los órganos objeto de mayor revisión, pues se está demostrando que sus impulsos no responden al mandato general de hacer cumplir y velar por la Justicia pública, sino al más puro partidismo. No olvidemos que la huelga ha puesto en evidencia lo que se ha venido degradando durante años. Está muy bien que se revisen los salarios durante este año y el que viene; pero el funcionariado seguirá estando sometido en los próximos tiempos a los designios de un gobierno que ha preferido proclamar la bonanza económica a los cuatro vientos antes que afrontar con realismo los verdaderos problemas estructurales que padece España y la Justicia, como pilar democrático, es uno de ellos.