De momento, tercer día consecutivo de suspensión de gran parte de los señalamientos judiciales de las Islas Baleares motivado por la huelga de funcionarios que reclaman los medios, la adecuación salarial y las instalaciones precisas para el correcto desarrollo de su trabajo.
La saturación, los errores materiales con causa en la falta de medios y recursos humanos, así como la lentitud de los procesos llevan camino de convertirse en un asunto que debe revisarse con toda seriedad por parte de los partidos políticos, a quienes les corresponden las propuestas de reforma que deben llevarse a cabo con urgencia para impulsar la Administración de Justicia. En este ambiente es imposible trabajar, con las repercusiones que esta desviación conlleva para los intereses de las partes afectadas y de la ciudadanía en general.
Los presupuestos para Justicia deben aprobarse sobre una base fundada en el diagnóstico de las necesidades generales, no de la negociación política autonómica, siempre aquejada de las discrepancias de diferente color político entre Madrid y la autonomía que corresponda.
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