De momento, tercer día consecutivo de suspensión de gran parte de los señalamientos judiciales de las Islas Baleares motivado por la huelga de funcionarios que reclaman los medios, la adecuación salarial y las instalaciones precisas para el correcto desarrollo de su trabajo.
La saturación, los errores materiales con causa en la falta de medios y recursos humanos, así como la lentitud de los procesos llevan camino de convertirse en un asunto que debe revisarse con toda seriedad por parte de los partidos políticos, a quienes les corresponden las propuestas de reforma que deben llevarse a cabo con urgencia para impulsar la Administración de Justicia. En este ambiente es imposible trabajar, con las repercusiones que esta desviación conlleva para los intereses de las partes afectadas y de la ciudadanía en general.
Los presupuestos para Justicia deben aprobarse sobre una base fundada en el diagnóstico de las necesidades generales, no de la negociación política autonómica, siempre aquejada de las discrepancias de diferente color político entre Madrid y la autonomía que corresponda.
Tampoco las propuestas nacionalistas hacia el federalismo, de territorialización de la Justicia y delegación en los Tribunales Superiores de Justicia -que dejan al Tribunal Supremo como órgano unificador de la Doctrina- son una panacea, sino que abundarán aún más en estos problemas de justicia material, dándole un poder de decisión a los partidos políticos muy por encima del que deben tener en las negociaciones políticas sobre la Administración de Justicia autonómica, incluida en ella la Fiscalía, al tiempo que se pierde la centralidad de los Tribunales de Madrid como garantía de imparcialidad y objetividad de quienes observan los asuntos abstraidos en mayor medida de su litigiosidad, contribuyendo así al orden y a su esclarecimiento legal desde la superioridad cuando proceda.Noticias relacionadas: http://www.ultimahora.es/segunda.dba?-1+7+425269
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