La Abogacía del Estado lo es de Zapatero, de la maquinaria del Gobierno para justificar el caos de la inmigración en España y las Islas Baleares.

Así lo pone en evidencia el informe de la Abogacía del Estado sobre los requisitos del empadronamiento en España, en clara contradicción con la propia Ley de Extranjería que sí vincula al visado del pasaporte la legalidad de la estancia en España. En defintiva, la Abogacía del Estado avala las tesis del Gobierno que recurre así de esta manera a justificar su postura en un asunto que, como siempre, conlleva una casuística específica que, al final, deberá dilucidarse en los Tribunales, un medio que además no está al abasto de todos los inmigrantes ilegales al carecer de los más elementales recursos, no sólo económicos sino de formación e información para el acceso a la Justicia. El problema de la inmigración lo han generado los mismos que ahora no se atreven a resolverlo acudiendo al fácil eslogan de ser adalides de la democracia, los derechos humanos básicos y otras cuestiones que, efectivamente, son inherentes a un sistema democrático saturado por los graves errores de quienes nos gobiernan. La corresponsabilidad en materia de inmigración no es sólo la del Estado receptor, sino también la del emisor, al 50%.

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