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POLÍGONOS INDUSTRIALES.
ZONA M.
UNIÓN DE ASOCIACIONES DE MALLORCA.
En el Pleno de septiembre de 2010 estas Asociaciones Ciudadanas
que cada vez tenemos más restringido el poder intervenir, como es debido en
democracia, le solicitaron al por entonces equipo de Gobierno socialista que no
hiciera urbanismo a la carta en los Polígonos Industriales.
Aquello que entonces pasó desapercibido porque Uds. escuchan
poco a los ciudadanos hoy vuelve a estar de actualidad, pues el impacto de lo
que podía venirles encima si seguían en la línea propuesta por entonces Unió
Mallorquina aconsejó suspender las licencias.
Y vuelve a estar de actualidad porque hay declaraciones de
políticos con cargo Institucional relevante y que hoy están en prisión que han
descubierto y reconocido que aquellas políticas de entonces no respondían al
interés general sino al engaño de los ciudadanos en beneficio propio, no
podíamos esperar otra cosa del urbanismo a la carta.
Pues bien, tan negativo es para la economía que se estafe de las
Instituciones a la ciudadanía, como que se suspendan licencias y que, como
ahora, se proponga volver a planes generales urbanos obsoletos porque nadie
quiere asumir la responsabilidad de dar un paso adelante mientras este asunto
esté sometido a los Tribunales.
El daño a las Instituciones de Baleares ya está hecho y en el
peor momento, en tiempos de crisis.
Y es que, como les decíamos entonces la industria, más allá del
turismo, no existe en las Islas Baleares. En consecuencia, llamar Polígonos
Industriales a unas áreas que, en realidad, están siendo ocupadas por medianos
empresarios no es, en absoluto, ajustado a la realidad. Lo adecuado sería
renombrar estas zonas y normalizar su situación conforme a esta situación, de tal
manera que el empresariado obtenga las ventajas que su condición le ofrece al
decidir ubicar la empresa en estas zonas reservadas a determinadas actividades.
Esta es la argumentación realista que las asociaciones de empresarios les están
trasladando a las instancias políticas para que actúen en consecuencia y adecuen
las normas para que el empresariado balear obtenga estas mejoras en unos
momentos de importante crisis en su productividad.
El debate político que se ha generado sobre la necesidad del incremento
de la edificabilidad externa o interna en los polígonos industriales es
insuficiente si, de fondo, en la vía de hecho del urbanismo en estas zonas M no
se adecuan las normas para no efectuar distinciones entre empresarios e
industriales.
Los empresarios llevan dos legislaturas sin saber a qué atenerse
porque los políticos no saben cómo salir ahora de una etapa de corrupción, sino
es volviendo al pasado.
Los usos específicos de los polígonos deben respetarse, lo que
no se puede consentir es determinar un uso específico para industriales cuando
en la práctica quienes ocupan estas zonas son, en realidad, empresarios de tipo
medio que dista mucho de lo que significa ser industrial. Esta perversión de la
norma establecida produce varias consecuencias, todas ellas de ilegalidad
manifiesta, por una parte los industriales ven cercenado su derecho a que los
polígonos industriales crezcan, con lo que no pueden ampliar sus instalaciones
a un precio de mercado razonable, el precio de las naves industriales se dispara
generando costes inasumibles y, por otra, los empresarios están subsumidos en
un régimen o tratamiento normativo que no les corresponde. En definitiva, la
norma administrativa está en este caso muy por detrás de la realidad en los
polígonos industriales de Mallorca, estén o no consolidados, puesto que estas
suspicacias están generalizadas en todos ellos.
La racionalidad del urbanismo y su coherencia obligan a una
gestión del suelo realista, que favorezca a la productividad y al ahorro de los
empresarios e industriales, sobre todo en estos momentos de crisis en los que
la inoperancia política agudiza considerablemente el coste soportado para
quienes generan realmente y donde se mueve una gran parte de la riqueza de las
Islas Baleares.
Cuando los partidos políticos, unos de acuerdo, otros no,
consensúan los usos de estas zonas lo que están haciendo en realidad es
pervertir el sentido último, finalista de los usos que deben ser los
establecidos legalmente ya sea de manera especial o generalista, dependiendo
del interés al que sirvan; pero los usos no pueden consensuarse porque desde el
momento en que difieren de lo normativamente establecido la variación de los
usos es equiparable al urbanismo a la carta, una práctica urbanística
detestable y administrativamente incorrecta.
Cuando en un Pleno de Ayuntamiento los partidos políticos, tanto
del gobierno como de la oposición, no muestran un acuerdo unánime sobre la
manera en que deben establecerse los usos en estas zonas lo que está sucediendo
es que se causa un perjuicio para aquellos empresarios e industriales que
observan cómo se dan, se consienten, diferencias entre lo consolidado y lo que
se atiene a la nueva manera de proceder urbanísticamente hablando, es decir,
relativismo, incertidumbre y prácticas urbanísticas irregulares, lejanas a la
racionalidad de la que hablábamos al principio y por lo tanto contrarias a la
mejora de la productividad industrial y empresarial, todo un desajuste en los
momentos de crisis económica que padecemos.
La influencia y los efectos que los acuerdos plenarios producen
dependiendo de si se adoptan las decisiones políticas ya no de manera
consensuada, sino de manera profunda, siendo conscientes del entramado
normativo subyacente y de las consecuencias de las mismas en la creación de
tejido industrial y empresarial son tan importantes que la división política en
estos asuntos reconduce la generación de riqueza a la existencia de mayorías
plenarias, cuanto más absolutas más garantías, más seguridad jurídica se le
ofrece a los empresarios e industriales desde lo público para que realicen sus
negocios.
En consecuencia, la Unión de Asociaciones de Mallorca exige que
los planteamientos o propuestas de los partidos políticos respondan a una base
común, meditada en tiempos de crisis y desarrollada de acuerdo a la norma,
llevando a los polígonos industriales al más estricto cumplimiento de la
legalidad, normalizando su funcionamiento sin crear especulación en los
terrenos o en el incremento de las cuotas de edificabilidad, sin perder de
vista la mejora de la productividad en estos momentos en los que salir de la
crisis es lo prioritario, ya que, en el futuro los acuerdos plenarios pueden
adoptarse en otro sentido; pero lo que se debe hacer en este momento sólo puede
hacerse de una manera para salir de la crisis y es, como ya se les pidió en
2010, con el consenso de todos los partidos políticos, sin excepción.
Fdº.
Francisco Fernández Ochoa, vocal UAAM.
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