Es evidente que se necesita un férreo control político y limitación de la actuación de los mandos de la policía local.

Si hay algo que hace daño a la ciudadanía es que quien debe velar por su seguridad se convierta en su principal obstáculo. La "operación bloque" de Coslada, subiudice en estos momentos, ha evidenciado la necesidad de rigor político y saneamiento de las actuaciones limitando el número de años y la estancia de un mando en un mismo lugar de responsabilidad. En su momento el Consejero de la seguridad en Madrid atribuía a la obtención de pruebas y a una larga labor de observación el que no se haya producido una actuación inmediata por parte de la Justicia y los Cuerpos de Seguridad en la depuración de responsabilidades internas, ahora habrá que ver si no es la falta de pruebas la que puede impedir determinar el verdadero grado de implicación de los detenidos. En fin, un juego perverso de intereses que daña seriamente la imagen de los cuerpos policiales y su credibilidad. Una vez más la realidad supera con creces cualquier ficción. Desde este punto de vista el Proyecto Liberal Español exige actuaciones inmediatas y realistas que corrijan estas desviaciones y aseguren, en cualquier ámbito de servicio, la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nota: La gravedad y trascendencia de los supuestos hechos, que tienen que ver con la extorsión y el control de drogas deberían enjuiciarse por órganos judiciales de ámbito nacional, que garanticen la independencia y seguridad del propio juzgador. En este caso la labor desempeñada por la Justicia Ordinaria es excelente; pero la previsión aconseja que sean órganos superiores los que se encarguen del asunto por las ramificaciones y calado que pueda tener.