Los ciudadanos de Baleares, de los más endeudados de toda España, no adquieren hipotecas por importe superior a 200.000€ por gusto o para comprarse suntuosas mansiones. El precio de la vivienda en las Islas es uno de los más altos de España. El "café para todos" se ve ahora acompañado de límites generales para el conjunto de parados en toda España que estén en esta situación y que tengan hipotecas por menos de 170.000€. Con 170.000€ en muchos lugares de la península se puede comprar un chalet o un pareado, en las Islas no basta ni para un apartamento de un solo dormitorio.
Si a ésto sumamos que el 95% de los hoteles de zonas turísticas emblemáticas como Ibiza permanecen cerrados en invierno y que se está produciendo el mayor recrudecimiento del paro que se conozca en años en Baleares, por el efecto de la estacionalidad en el turismo y la crisis del ladrillo tenemos, de nuevo, sumidas a las Islas Baleares en el más completo olvido gubernamental. Y así empezamos noviembre. No criticamos las medidas en sí mismas, que pueden ser peores o mejores, sino el efecto que su implementación conllevará para las Islas, es decir, ninguno.
Tabla de valores medios por CCAA, en agosto de 2008: http://es.biz.yahoo.com/29082008/185/madrid-cataluna-baleares-comunidades-mas-afectadas-evolucion-euri.html
La cuestión no es donde fijar el corte conforme a la estadística, ni siquiera el precio de la vivienda según Comunidades Autónomas - por ser difícil de individualizarse respecto del mercado global-, sino la necesidad real de cada ciudadano que atraviese por dificultades económicas debido a las oscilaciones imprevisibles -obviamente para quienes optaron por la carga hipotecaria sin saber que perderían el empleo- del mercado hipotecario y del mercado laboral en los últimos meses. Otra cosa es que los verdaderos responsables de la crisis que padecemos hoy ya sabían que tarde o temprano se producirían estos efectos, adelantados y llevados al extremo por la aguda crisis internacional.
Seguramente no seremos la única Comunidad Autónoma desfavorecida por medidas generalistas que no están moduladas con precisión; pero, normalmente, las subvenciones suelen venir acompañadas de unas limitaciones y cumplimiento de requisitos que, al final, hacen casi inoperante su sentido social.
No sólo se trata de que con este sistema las Comunidades Autónomas supuestamente más productivas -sin tener en cuenta los índices de pobreza internos- siempre quedan excluidas de cualquier reparto, sino que se trata de una estrategia política para decir que se está haciendo; pero que en realidad hace poco. Esta forma de proceder no es nueva, además de intervencionista es discriminatoria y en algunos casos clientelar; pero el férreo administrativismo y la falta de recursos generalizada en España la justifica impidiendo la evaluación de cada caso concreto. Hay mucho trabajo legislativo por hacer en nuestro país si de verdad queremos un modelo financiero justo y equilibrado. El primer día oportuno para avanzar en un nuevo modelo será en el que nos digan que se ha terminado la crisis también conforme a la estadística.
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