Se ha anunciado por el Gobierno un escenario económico menos severo para la mayoría de familias que sufren la doble consecuencia de la falta de trabajo y la crisis económica, como si ambas variables estuvieran unificadas. Y no es cierto, las familias que no tienen trabajo no se verán favorecidas en el corto plazo por la previsible bajada de tipos de interés, que repercutirá en una cuota menor de su hipoteca, sencillamente porque al no tener trabajo no hay de qué disponer, ni capacidad de gasto alguna, sólo queda sobrevivir. Efectivamente, tal y como hemos manifestado nos parecen adecuadas las medidas económicas que se están llevando a cabo, parece que los meses más duros de la crisis están todavía por llegar; pero las prospecciones hablan de iniciar una leve recuperación a partir de los meses de marzo, abril y mayo de 2009, lo cual obviamente no sucedería de no haberse hecho nada. Sin embargo, no es menos cierto que la gran creadora de paro ha sido la construcción y éste es un asunto de interés nacional, que nada tiene que ver con la crisis mundial. Era previsible que sucediera este desastre y no se evitó, por una sencilla razón, porque el libre mercado -al que defendemos- es la excusa perfecta para que los políticos justifiquen su inacción sobre los problemas estructurales y de optimización que padece España, principalmente de competencia y eficiencia productiva, al que hay que añadir el de la dependencia energética - a vueltas como estamos con el caso Repsol en manos extranjeras y la vulnerabilidad del sistema capitalista a la corrupción de intereses. Por primera vez se habla desde el Gobierno de la reforma de casas en mal estado, del mantenimiento de infraestructuras, de la mano de obra que puede darse a través de la conservación de lo que ya está hecho. Por fin comienza a prevalecer el interés de la ciudadanía por encima de los partidistas, al menos mientras dure la crisis. El freno impuesto a la nueva construcción nos hace ver la verdad, la que estamos poniendo de manifiesto a diario porque el Proyecto Liberal nace libre de ataduras que liguen el desarrollo al crecimiento insostenible. Nosotros estamos de vuelta a la naturaleza.
Si están a favor del libre mercado, entonces estarán a favor de la libre compraventa de paquetes accionariales, aunque sean compradores rusos respecto de la compañia Repsol. Lo cual quiere decir que el libre mercado lo anteponen a los intereses generales ¿no es cierto?.
ResponderEliminarNo cabe anteponer, ni siquiera contraponer, el Libre mercado a los intereses generales de España, de la Unión Europea o del Sistema Occidental, pues la condición del Libre Mercado es inherente a la del interés general, de conformidad con el sistema económico elegido Constitucionalmente por los países occidentales, los mismos que suelen conjugar este sistema económico con el democrático. Existe, por tanto, una visión del problema que suscita para España la compra de acciones por parte de compañías rusas de dudosas referencias, atenuado finalmente por la participación en la propia Lukoil de intereses norteamericanos, que responde a una interpretación falaz del Liberalismo que le permite a socialdemócratas y conservadores, de manera torticera, justificar sus tesis. No olvidemos que para salvaguardar el libre mercado son necesarias leyes anti-trust, anti-monopolio y anti-corrupción de intereses. En consecuencia, no politicemos las opciones, pues en el ajedrez mundial de intereses se libra una batalla que, finalmente, debe decantarse, tal es nuestra esperanza, hacia las prácticas mundiales de libre mercado, democracia e inexistencia de mafias organizadas. Este último es el libre mercado al que aspira el Proyecto Liberal Español. Este modelo no se antepone a los intereses generales de ningún país ni de ningún ciudadano en el mundo, por la sencilla razón de que es la condición imprescindible para que se produzca la libertad del hombre. España no tiene práctica todavía a esos niveles, de hecho el caso Repsol es un vivo ejemplo de cómo comenzamos a ser competitivos en determinadas áreas que están copadas por intereses nada libertarios y es contra estos intereses contra los que sí cabe anteponer la autoridad del Estado. El Estado no debe impedir las libertades, sino ser garante de ellas, porque sino ¿para qué sirve?.
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