La peligrosidad es la pieza clave del sistema penal, la Ley alude a la peligrosidad social y los terroristas cuando atentan lo hacen para causar un daño o quebranto social, no sólo criminal.
Este supuesto de "peligrosidad" mucho más general es el que le permitiría al legislador español indicarle al juez cuándo deberá la conducta terrorista ser castigada con cadena perpétua, obviamente la individualización, la apreciación y la afirmación o no le corresponderá al juez, según cada caso y circunstancias.
La declaración y determinación de la acción terrorista como socialmente peligrosa le permite al legislador indicar la condena a perpetuidad.
Hemos sustituído el principio de legalidad por el principio de jurisdiccionalidad, una decisión que no está amparada por Ley no es científica en Derecho. Donde la ley no garantiza, no puede exigirse, a nivel judicial, las garantías que aquella desconoce. Deben por lo tanto concurrir los dos principios para que podamos decir que el verdadero Estado de Derecho está en vigor y que es funcional. Esta responsabilidad es la de los Legisladores, no de los jueces.
Los legisladores deben atraer para sí estas materias que tanto daño están causando en nuestra Sociedad y abordarlas, de tal manera que asuman su papel garantista y preventivo. Un marco legal desarrollado por los cauces orgánicos que corresponden, además de aportar seguridad jurídica impediría la peligrosidad social que no esté seguida de delito.
Estamos ante una etapa nada prolífica legislativamente hablando, las leyes son incongruentes, crean lagunas jurídicas y además vienen mal provistas de los recursos materiales necesarios para que se implementen.
Que el Estado de Derecho sea fuerte también requiere de un trabajo legislativo previo que no se está haciendo en España desde hace años. Muy atrás quedan las reformas en materia de terrorismo del Gobierno Aznar, cuando vivimos una etapa sangrienta que ha dado paso a la violencia más fría y calculada, a buscar el daño de la Sociedad como hemos visto en los últimos atentados de Burgos y Palmanova. Ante ésto la Sociedad debe prevenirse y quienes están obligados a preservar y determinar qué es un peligro para la Sociedad son las Cortes. Queda mucho por hacer en este terreno, entre tanto ETA seguirá matando porque el miedo que buscan infligir a la Sociedad es muy superior al que ellos tienen conforme a la Legislación vigente. Basta un detonador a distancia, un temporizador para evitar la detención, estos sistemas traen consigo más peligrosidad porque se deja a las circunstancias el alcance y la gravedad del delito, sin conocer a qué ni a quiénes afectará.
Estamos ante un supuesto en el que la mera declaración y determinación de los hechos peligrosos que dañan nuestra sociedad y que merecen la condena perpétua ya estaría dentro del ámbito de la disuasión de la comisión de los delitos a la vista de la actuación histórica de la banda terrorista. Obviamente la privación de libertad y su duración indeterminada mientras dure la vida del delincuente siempre sería una medida postdelictual, a determinar el castigo por los Jueces una vez se haya cometido el delito.
Los políticos tenemos que reaccionar, y el PLIE ya lo ha hecho: pedimos la condena perpetua e incluiremos en nuestro programa electoral esta medida de seguridad preventiva que bien desarrollada es factible en nuestro Estado de Derecho, Constitucionalmente viable, y desde cualquier punto de vista eficaz contra la criminalidad terrorista, lo que no entendemos es por qué ha tardado tantos años en abrirse este debate y subsanarse un gran defecto que hace débil a nuestro Estado de Derecho frente a quienes deciden ponerlo a prueba.
Hoy jueves, hace una semana que dos Guardia Civiles perdieron la vida en Palmanova a manos de ETA, dos días antes podría haberse producido en Burgos la masacre más importante que en años se recuerde por esta banda terrorista. ¡Cadena perpetua ya!
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